La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a Pablo Catatumbo y otros ocho antiguos integrantes del Comando Conjunto Central de las Farc por 468 hechos cometidos durante el conflicto armado en Tolima, Huila y Quindío.
La investigación identificó que entre 1991 y 2016, el Comando Conjunto Central perpetró 94 incursiones armadas, la cifra más alta de este tipo entre las estructuras de las antiguas Farc, según la JEP.
En dicho periodo, se configuraron dos patrones principales de criminalidad, uno de ellos relacionado con el control social y territorial que el grupo guerrillero ejerció sobre las comunidades y concentró el 78,4% de las víctimas acreditadas.
El segundo correspondió a crímenes cometidos durante las acciones armadas contra la fuerza pública y otros adversarios, que representó el 13,9%.
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Entre los hechos documentados está la toma de Roncesvalles, Tolima, el 14 de julio de 2000. Durante el ataque, integrantes de los frentes 21 y 50 destruyeron más de 30 edificaciones y provocaron el desplazamiento de cerca de 800 personas.
Un total de 13 policías que se rindieron después de agotar su munición fueron asesinados, pese a que, según la investigación, les habían prometido respetar sus vidas.
Otro episodio ocurrió en Puerto Saldaña, corregimiento de Rioblanco, Tolima, donde una incursión que se extendió entre abril y mayo de 2000 dejó más de 3.600 personas desplazadas, al menos 27 civiles asesinados y alrededor de 200 viviendas destruidas.
La Sala documentó, además, el uso de minas antipersonal en caminos transitados por campesinos y comunidades indígenas. En noviembre de 2004, una mina mató a Martha Muñoz Guevara en una vereda de Alvarado, Tolima, e hirió a su hija, Delfa Eliana Meneses.
En otro caso, ocurrido en 2011 en Planadas, Tolima, la explosión de un artefacto causó la muerte de un integrante de la comunidad Nasa y, al día siguiente, otro menor murió cuando la comunidad intentaba recuperar el cuerpo.
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Asimismo, la investigación también estableció que las Farc persiguió y expulsó a personas señaladas de colaborar con la fuerza pública o los paramilitares, impuso normas de comportamiento, presionó a autoridades locales y ejerció control sobre la compraventa de tierras.
Las amenazas y los homicidios afectaron a líderes políticos, sociales y comunitarios, así como a personas que se negaban a pagar extorsiones o a cumplir órdenes del grupo.
Tras la notificación de la decisión, los nueve comparecientes tendrán 20 días hábiles para manifestar si reconocen los hechos y su responsabilidad.
La Sala pidió, además, que los comparecientes entreguen a la JEP y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas la información que tengan para avanzar en la búsqueda de 30 personas desaparecidas relacionadas con estos hechos.
Si reconocen su responsabilidad, la Jurisdicción convocará una audiencia pública de reconocimiento con participación de las víctimas y continuará el trámite para definir las sanciones propias.
Los otros ocho antiguos integrantes del Comando Conjunto Central de las Farc-EP imputados son: Luis Eduardo Rayo,‘Marlon’; Henoc Capera Trujillo, ‘Giovanni’ o ‘Giovanni Castro’; Jhon Jairo Oliveros Grisales, ‘Armando Pipas’; Gustavo Bocanegra Ortegón, ‘Donald’ o ‘Donald Ferreira’; Nelson Antonio Jiménez Gantiva, ‘Gonzalo’; Wilson Ramírez Guzmán, ‘Teófilo González’; Víctor Hugo Silva Soto, ‘Erick’ o ‘El Chivo’, y Raúl Agudelo Medina, ‘Olivo Saldaña’.
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